Los diputados federales poblanos de Acción Nacional (PAN) confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logrará revertir la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, tras la presentación de más de 50 impugnaciones.
En rueda de prensa, insistieron en que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador es anticonstitucional y antidemocrático; además, le dará ventajas a Morena en la elección de 2024, al permitir que sus candidatos puedan promocionarse en período de precampaña electoral.
Humberto Aguilar Coronado comentó que existen más de 50 acciones de inconstitucionalidad promovidos ante la SCJN, mismos que tendrán que ser analizados en los próximos días.
Los recursos contra el Plan B fueron presentados por personal del Instituto Nacional Electoral (INE), legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), así como diferentes actores políticos.
Los ordenamientos que impugnaron son la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas en materia de propaganda gubernamental.
También se presentó un segundo paquete de impugnaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En tanto, la coordinadora de los diputados poblanos en San Lázaro, Carolina Beauregard Martínez, lamentó los intentos de Morena por frenar los trabajos del INE, siendo que la creación de un organismo autónomo que regulara los procesos electorales “era un triunfo de la izquierda”.
Los cinco legisladores del blanquiazul también hicieron un llamado a los políticos de izquierda a frenar el golpeteo mediático en contra de los ministros que se han pronunciado en contra del Plan B, en especial hacía la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.
El pasado 3 de marzo entraron en vigor las modificaciones propuestas por el presidente en el Plan B de reforma electoral, al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación; no obstante, existe un plazo de 30 días naturales para que se presenten más acciones de inconstitucionalidad.