El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sostuvo que el origen de la orden judicial para que el estado pagara 2 mil 600 millones de pesos a la Federación tiene que ver con que las administraciones morenovallistas evadieron impuestos a través de una “fórmula maravillosa” que les propuso un despacho de asesores.
La semana pasada la Secretaría de Finanzas dio a conocer que el actual gobierno pagó a inicios de mes esa cantidad, ya que en 2015 el gobierno de Rafael Moreno Valle reclamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución de 702 millones de pesos, los cuales les fueron reintegrados.
Sin embargo, en 2018 las autoridades federales determinaron que la devolución fue incorrecta, ya que las gestiones de gobierno se sustentaron en un convenio fiscal de 2008 al que no estaba adherido el estado, por lo que inició un litigio para recuperar el dinero, que al final se elevó a 2 mil 600 millones de pesos.
Este lunes, en conferencia de prensa, Céspedes Peregrina refirió que se agotaron todas las instancias jurídicas para evitar que el actual gobierno pagara esos recursos.
“¿Dónde está el origen de esto? está en haber contratado a una empresa asesora que propuso al estado en su momento el poder evadir ese tipo de impuestos. Ese fue el tema, evadirlos, no pagarlos. Y en su momento inventó una fórmula maravillosa, el estado en su momento decidió no hacerlo y dejó de pagar impuestos”, indicó.
Ante ello, refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público demostró que ese gobierno nunca tuvo la razón e hizo una acumulación de recursos.
Por lo que en todos los gobiernos subsecuentes, desde el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, se trató de generar otro tipo de acciones y condiciones para tatar de contener este tema, agregó.
“Hay que tener claridad en ello, más allá de si peleamos o no pelamos, asumiendo que no generamos ese tema, no son las personas sino el estado el que responde por las acciones de gobierno”.
A su vez el consejero jurídico, Jonathan Ávalos Meléndez, expuso que en 2019 el gobierno estatal, por medio de la Procuraduría Fiscal, obtuvo una nulidad lisa y llana a su favor en el litigio de los recursos.
Sin embargo, el SAT promovió un recurso de revisión fiscal contra la resolución y un tribunal colegiado en materia administrativa revocó la nulidad lisa y llana.
Expuso que la estrategia o línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la actual administración, y en una última instancia interpuso un amparo directo, pero se confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.
El funcionario sostuvo que los abogados del estado, desde el interinato hasta este gobierno, agotaron las instancias jurídicas hasta que se registró el resultado dado a conocer la semana pasada.