La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional (PAN), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, confirmó la serie de irregularidades detectadas en la auditoría que se realizó al último año de gestión de la exdirigente del partido, Genoveva Huerta Villegas.
En rueda de prensa, explicó que la hoy diputada federal tendrá que aclarar dicha situación, pues de lo contrario iniciarán un proceso sancionador en su contra que puede ir desde una amonestación pública hasta su posible expulsión de las filas del blanquiazul.
En la investigación solicitada desde el año pasado a la cuenta del ejercicio fiscal 2020-2021 del PAN, se identificaron 7 millones 600 mil pesos por comprobar, de los cuales 7 millones 100 mil pesos son por financiamiento a estructuras, que presuntamente habrían sido utilizados para liquidar a algunos militantes.
Díaz de Rivera dijo que dicho procedimiento tendría que iniciarse en la Comisión Permanente, para que sean sus integrantes quienes sugieran la sanción correspondiente para la legisladora. Además, será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quien tomará la determinación final.
«Se mandó a hacer una auditoría externa a las cuentas del 2021, no se está iniciando ahorita. Esta auditoría se pidió el año pasado (…) y en el consejo de este sábado se llevaron los resultados de la auditoría, de los montos y los personajes que se liquidaron a la hora de salir y con qué montos de los gastos por comprobar del anterior Comité», detalló la dirigente.
Sobre las acusaciones de Huerta Villegas, por la construcción de un edificio en la sede del CDE del PAN en Puebla, defendió que la edificación del inmueble se realizó con 7 millones de pesos que fue la cantidad que el Consejo Nacional les autorizó. Adelantó que las nuevas oficinas se estarían estrenando durante el mes de julio.
La dirigente del PAN en Puebla lamentó que existan militantes que no estén alineados a los principios fundamentales y estatutos partidistas. Dijo que al igual que en el tema del diputado local Eduardo Alcántara Montiel, ella iniciará los procedimientos sancionadores por órdenes de los tribunales electorales y órganos partidistas «que los señalan cómo culpables» no por una persecución política.
Recalcó que esta es una diferencia significativa con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues en lugar de caer en actividad de encubrimiento se decantan por la aplicación de la ley, aunque esto mismo pueda derivar en la renuncia de algunos militantes.
«Nosotros tenemos que acatar la ley. Prevemos que haya algunos personajes que pudieran salir del partido debido a esto, pero no podemos ser omisos a la ley. No podemos permitir que ningún mal militante afecte al partido. Han llegado 600 nuevos jóvenes al partido, algunos que salgan, si no son de los mejores, pues no nos preocupa», subrayó Díaz de Rivera.
Huerta Villegas acusa persecución política en su contra
Por su parte, Genoveva Huerta Villegas denunció una persecución política en su contra, orquestada por el Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional, presidido por Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.
En redes sociales, Huerta Villegas afirmó que la insistencia de la actual dirigencia por señalar presuntas anomalías en su administración se debe a la falta de posicionamiento político de su candidato al 2024, una clara alusión al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez.
“Si tanto les afecta que salga al interior del estado, que se pongan a chambear también. La Ley de Paridad les asusta, ni hablar”, publicó en su cuenta de Twitter.
En otra publicación afirmó que las calumnias “no le quitan el sueño”, pues sólo es señal de preocupación de la dirigencia del blanquiazul.
“Pero aquí sigo, avanzando a pasos firmes. Acción Nacional no es el yunque de los Rivera y compañía”, escribió.
De acuerdo con los resultados de una auditoría externa, PAN Puebla confirmó irregularidades en la administración de Genoveva Huerta durante el ejercicio fiscal 2020-2021; faltan 7 millones 600 mil pesos por comprobar, se realizaron transferencias no justificadas a los Comités Municipales y se pagaron finiquitos hasta por 12 meses a miembros de su dirigencia.